Nuestro Descalabro Energético de la Ley a la Realidad
Desde la Unión Europea y tras la idea de disminuir el consumo energético de los edificios y con ello la emisión de gases que puedan dañar la capa de ozono, se nos insta, como país, y como primer paso, a hacer un estudio del estado de nuestro parque inmobiliario en cuanto a la eficiencia energética se refiere. Con su correspondiente retraso y bajo amenaza de fuertes sanciones, el gobierno ha puesto en marcha la obligatoriedad de un certificado energético para edificios existentes que nos dé una visión más objetiva y real de donde estamos en esta materia y con esta información trabajar en su mejora.
Esta etiqueta energética no es sino una nota que va desde la A (mejor comportamiento) a la G (peor comportamiento) que se obtiene a partir del estudio de las instalaciones climáticas en cuanto a eficiencia y proveniencia de la energía que consumen, iluminación y equipos de ventilación, así como y su envolvente térmica en cuanto orientación, aislamiento, superficie…
Este certificado es obligatorio desde el pasado 1 de Junio de 2013 para toda vivienda que vaya a ser vendida o alquilada, siendo el propietario el encargado de obtenerlo, a través de un técnico cualificado. Los datos que podemos ver a día de hoy, y que han ido saliendo a la luz, después de ocho meses de trabajo son que la mayor parte de las viviendas certificadas han obtenido una nota E o inferior, según datos del Instituto Catalán de la Energía y otras organizaciones. Esto significaría que hay mucho trabajo por hacer, dado el mal estado de nuestros edificios. O, tal vez, que este gran estudio se está haciendo terriblemente mal…
Si hablásemos con cualquier profesional del gremio nos va a dar las pautas para realizar el certificado, partiendo de una o más visitas al inmueble para toma de datos y estudio pormenorizado de los elementos que antes hemos descrito, más unas horas de estudio posterior en la oficina, para desarrollar un informe que explique para cada unidad certificada sus características propias y únicas, así como medidas para mejorar la eficiencia aplicables, ajustadas a las características singulares de caso particular, además de un estudio económico de la viabilidad de estas medidas, vamos un informe muy completo y útil que debiera llevar un tiempo de trabajo y dedicación detrás, pónganle como poco seis horas. ¿Les parece suficiente dedicación? Pues si entrásemos en internet a buscar precios vamos a encontrar 35 euros por certificado, y que venga el mejor economista del mundo a explicarnos como se puede pagar un trabajo de seis horas con 35 euros, de los que habría que descontar IVA y la tasa del Registro.
Esto no es culpa de los técnicos sin escrúpulos solamente, ni mucho menos, sino de la falta de información de la ciudadanía, de la idiosincrasia de un gobierno que lo usa como un método más de recaudación y no cumple con su obligación de controlar su eficaz implantación, de algunos especuladores que siempre pondrán el beneficio económico por delante de cualquier otro. Tenemos ante nosotros una oportunidad inmejorable de mejorar la eficiencia de nuestros edificios, pero nuestra ceguera nos impide ver que este es un primer paso para un largo trabajo, y de continuar así, los cimientos fallarán y toda la buena acción que pueda venir después será víctima de los errores presentes.
¿Y por qué por un lado se incide en estudiar la eficiencia energética de los edificios a través de estos certificados y luego se aprueban leyes que avanzan hacia una tarifa plana eléctrica que desincentiva el ahorro energético?
